Tras poner fin al proceso
privatizador de la sanidad madrileña, profesionales y pacientes todavía tienen
frentes abiertos. Recuperar el empleo destruido y rescatar lo ya privatizado
son sus principales retos
ANNA
FLOTATS / PAULA DÍAZ Madrid 02/02/2014
08:25 Actualizado: 02/02/2014 09:57
Después
de más de un año pidiendo a golpe de manifestación que la sanidad siga siendo
pública, la marea blanca ganó esta semana su mayor batalla. La justicia obligó
al Gobierno de la Comunidad de Madrid a detener su
plan privatizador y,
horas después, dimitió el principal artífice del proyecto, el consejero Javier Fernández-Lasquetty. Esos eran
sus principales objetivos desde que, a finales de 2012, el Gobierno de la
comunidad puso las cartas sobre la mesa y anunció su intención de privatizar la
Atención Primaria y seis hospitales dentro del llamado Plan de
medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.
Lejos,
aunque no olvidados, quedan también los combates perdidos, como la destrucción de
más de 2.000 puestos de trabajo por
el cierre de dos centros de Salud Mental de Madrid capital, el cierre del
Instituto de Cardiología, la "externalización" de los servicios de
limpieza y lavandería, la privatización de la parte no sanitaria del hospital
Puerta del Hierro y las jubilaciones forzosas de trabajadores de distintas
categoría.
Sin
embargo, el famoso "Sí se puede" cobró fuerza el pasado martes. La
incansable marea blanca -que no ha perdonado ni una de sus protestas los
terceros domingos de cada mes- salió a la calle para celebrarlo, pero
celebraron la victoria con prudencia: "Hemos
ganado una batalla, pero no la guerra. La sanidad madrileña seguirá luchando
contra los recortes".
La marea blanca no se contenta con la suspensión cautelar del plan de González
ni se tranquiliza con la dimisión de Lasquetty, por lo que, para empezar, el
próximo 16 de febrero volverán a la calle a protestar, convocados por la Mesa
en Defensa de la Sanidad Pública.
"Está
bien celebrar la victoria y habrá que repensar las movilizaciones, pero no
podemos bajar la guardia porque el Gobierno no ha cambiado de intenciones y
quiere seguir privatizando la sanidad", advierte Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Plataformas
en Defensa de la Sanidad Pública (Fasdp). La marea blanca, por tanto, no se olvida de que
tiene aún muchos frentes abiertos.
El rescate de lo ya privatizado
Aunque
González haya dado marcha atrás en la "externalización" de seis
hospitales, aún quedan en la comunidad numerosos centros que mantienen
concesiones con la Consejería de Sanidad. Este es el caso del Laboratorio Central —adjudicado a
Ribera Salud—, el call center que se ocupa de las
citaciones de pacientes —adjudicado a Indra—, o los servicios de lavandería y limpieza, dos de las
27 categorías que la Consejería de Lasquetty pretendía extinguir y cuyos
servicios ya están adjudicados a empresas de servicios.
Otros
seis hospitales funcionan ya con gestión público-privada
En
las concesiones se engloban también los hospitales PFI (modelo iniciativa de
gestión privada), que fueron
construidos por empresas privadas a las que el ente público todavía debe pagar
un canon anual millonario hasta el año 2037. Los hospitales de Arganda, Aranjuez, Coslada, Parla, Vallecas y San Sebastián de los
Reyes, que ya han visto resarcida su deuda —según Antonio Gómez, portavoz
de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS-Madrid)—, seguirán
obteniendo beneficios durante años.
Lo
mismo ocurre, según CAS-Madrid, con los hospitales PPP (100% privados), que reciben una cantidad anual
por cada habitante de su zona y una extra si un paciente de otro lugar acaba
siendo derivado a sus instalaciones. A este grupo pertenecen los centros
de Valdemoro, Torrejón y Móstoles que,
según Gómez, "gozan de buena salud porque están haciendo dinero a
espuertas". Lo mismo opina de la Fundación Jiménez Díaz y los ambulatorios
de Quintana y Pontones, todos pertenecientes a IDC-Salud (antigua Capio).
"Un Gobierno que tuviera lo que hay que tener los rescataría y volvería a
hacerlos públicos", opina el portavoz de la coordinadora.
El fin de las derivaciones a
centros privados
La
marea blanca lleva tiempo denunciando que la consejería de Sanidad que ahora
dirige Javier Rodríguez presiona
para que los pacientes de la sanidad pública sean operados en clínicas
privadas. Los llamados call centers se ponen en contacto con los pacientes cuando
están pendientes de alguna prueba o cirugía y, alegando una larga espera en la
sanidad pública que a veces falsa, les dan citas rápidas en la privada.
La
Consejería justifica los trasvases con la reducción de las listas de espera
"Este
mecanismo es una privatización encubierta intolerable que despoja la sanidad
pública de pacientes en favor de la privada", denuncia Luis Fernández, vicepresidente de PATU-Salud. La Fasdp matiza que suelen llamar especialmente a
pacientes "rentables". Esto es "un usuario joven o una persona
mayor pero siempre y cuando padezca
una sola patología". De
hecho, CAS Madrid elaboró una guía para evitar tales engaños y PATU Salud también ha
puesto en marcha una campaña en este sentido.
Fuentes
de la Consejería de Sanidad alegaron que los trasvases de pacientes se realizan
"para cumplir con el compromiso de los 30 días de lista de espera". Pero lo cierto
es que, lejos de conseguirlo, éstas "no han dejado de aumentar y siguen
desbordándose", denuncia Gómez, portavoz de CAS-Madrid. En este sentido,
esta organización —que recuerda que
nació mucho antes de la marea blanca actual— está preparando una campaña con propuestas para
reactivar la actividad de los hospitales por las tardes.
La derogación del Real Decreto
Ley 16/2012 y de la Ley 15/97
La
ministra de Sanidad, Ana Mato, anuló a
principios de año los copagos en ambulancia, prótesis y
dietoterápicos -productos que consumen enfermos con trastornos metabólicos-
previstos en el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes
para la sostenibilidad del sistema sanitario, pero en septiembre del año
pasado, estableció un nuevo copago que no estaba contemplado en el real decreto
y que afectaba a los fármacos que se dispensan en los hospitales. Entró en
vigor en octubre de 2013, pero ninguna
comunidad lo ha puesto en marcha.
La
norma que sirvió de germen de todas las privatizaciones se aprobó en 1997
Además
de por los copagos, el real decreto 16/2012 también es conocido por ser el real
decreto de la exclusión sanitaria porque limita el acceso a la sanidad a los
inmigrantes en situación irregular. Juan
Luis Ruiz-Giménez, de Yo Sí Sanidad Universal denuncia que "el número de personas
excluidas del derecho a la atención sanitaria ya se acerca al millón y hay dos
muertes reconocidas directamente relacionadas con esta normativa" y
reivindica el derecho universal a la atención sanitaria. Además,el Consejo de
Europa reprochó el pasado miércoles a España que haya dejado de prestar la atención sanitaria
a los inmigrantes en situación irregular porque tal hecho contradice al
artículo 11 y 13 de la Carta Social Europea.
Pero
el germen de las privatizaciones es, como siempre recuerdan desde CAS-Madrid,
la Ley 15/97 de nuevas
formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que fue la que permitió y permite que "la
gestión de los servicios sanitarios" se pueda llevar a cabo "mediante
acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas". Por ello, una de sus
luchas permanentes es y seguirá siendo la derogación de tal normativa que en su día fue
apoyada por todos los grupos parlamentarios a excepción de IU y BNG.
Luchar contra la privatización
de las donaciones de sangre
Antes
de que acabara 2013, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid firmó
un acuerdo con Cruz Roja para privatizar la
donación de sangre. Hasta
ahora, tanto Cruz Roja como el Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid extraían sangre (en la calle y en sus propios centros),
la procesaban, la almacenaban y la distribuían a los hospitales. Con el nuevo
convenio, la ONG se encargará exclusivamente de la extracción de sangre en los autobuses y el centro de
transfusión asumirá el resto del proceso, además de la extracción que ya
practicaba en sus instalaciones. El Gobierno regional pretende conseguir
219.000 unidades de sangre en 2014, de las que 74.000 procederán de las
extracciones de Cruz Roja (el 33% del total). La comunidad pagará por
ello a Cruz Roja 9.300.000 millones de euros, por lo que
Luis Fernández, de PATU Salud, advierte del "riesgo en la calidad
asistencial" que puede suponer este cambio.
La
marea blanca advierte del riesgo de la reducción de calidad asistencial por
esta privatización
Los
trabajadores del centro público llevan semanas protestando por lo que consideran "el inicio de la
privatización" de la gestión de la sangre. Han denunciado que la Comunidad
de Madrid especule con un acto, la donación, basado en "el altruismo y la solidaridad",
unas acusaciones a las Lasquetty ha respondido presentando a Cruz Roja como
ejemplo de "excelencia de solidaridad, entrega, buen trabajo y ausencia de
ánimo de lucro".
Recuperar los empleos
destruidos
Desde
que Lasquetty puso en marcha el Plan de
medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público hace un año, se han destruido más de 3.300
puestos de trabajo públicos, según el tercer informe del Observatorio Madrileño de Salud,
formado por 34 entidades, entre las que se encuentran 19 ayuntamientos, dos
sindicatos, tres asociaciones profesionales y 10 entidades sociales. Ése es
también, según Marciano Sánchez Bayle, otro de los retos de la marea blanca.
"El presupuesto sanitario en la Comunidad de Madrid se ha recortado un 1,7% y este año se
prevé que haya 7.500 profesionales menos que en 2009", afirma.
En
los últimos años se ha despedido a entre 3.000 y 5.000 trabajadores
Desde
CAS-Madrid incluso se atreven a elevar la cifra de empleos perdidos en los
últimos años. "Es difícil cuantificarla, pero podrían ser más de 5.000",
estima Gómez. "Es verdad que hay sitios donde sobre gente y sitios en los
que falta; había que hacer una reestructuración, pero no así", lamenta.
Por ello, una de las medidas que lanzarán en su campaña de febrero será la de
pedir que los médicos de los
hospitales vuelvan a trabajar por las tardes con dos objetivos: el
incremento de las plantillas y la reducción de listas de espera. "Así no
habría camas vacías ni plantas cerradas mientras las operaciones se derivan a
la privada", aventura el portavoz de la coordinadora.
Mejorar la gestión de la
sanidad
Para
Afem, la Asociación de Facultativos
y Especialistas de Madrid que interpuso uno de los recursos de la
victoria contra la privatización, la nueva situación significa ahora una
"vuelta al kilómetro 0". "Queda todo por hacer; la privatización
sólo era un obstáculo más para llegar a lo importante: gestionar mejor la
sanidad", explica su portavoz, Fátima
Brañas.
Afem
pide "autonomía" para que los médicos puedan contribuir a gestionar
mejor el sistema
Para
Afem, el reto ahora es "despolitizar la sanidad, que se gestione pensando en el paciente y no en rentabilidades
electoralistas" y para ello, dice Brañas, se necesita dar
"autonomía y responsabilidad a los profesionales". "Si se le
preguntara a cada médico, a cada núcleo de cada área lo que se puede hacer para
mejorar la gestión de la sanidad, sin poner una cifra de ahorro sino primando el mantenimiento de la calidad del
servicio, así, sumando poquitos, lo conseguiríamos", asegura la
portavoz de la plataforma.
Ante
el anuncio del nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Rodríguez,
de querer
recuperar las "maltrechas relaciones" con los médicos, Brañas se muestra escéptica, pero dispuesta a
colaborar. "Resulta difícil creer que una persona que ha defendido el plan
privatizador pueda cambiar de pronto su forma de pensar. Tal vez el cargo le
haga ser consciente de que no se puede dar acabar con un problema sin contar
con los agentes que pueden ser causa y solución del mismo", concluye.
Y para todos estos crímenes contra la humanidad llevan utilizando las bases de Rota y Moron desde el año 1953,estuvieron los submarinos nucleares durante 30 años,de la contaminación nuclear ni una sola palabra,Aunque le costó la vida a muchísimos gaditanos pues ha sido la zona con la contaminación más alta desde hace muchos años.Ahora con los barcos antimisiles a cambio de unos cuantos empleos de 600 Euros,pues es lo que están pagando las contratas españolas ya que a los antiguos empleados que ganaban algo más los despiden sin derecho alguno. Tenemos que tener claro que todo este material bélico y los militares son pagados con nuestros impuestos,(De la clase trabajadora de EEUU y España) pero los beneficios de sus esquilmaciones y aniquilaciones de pueblos enteros van a parar a manos de las élites,grandes accionistas de las multinacionales del petróleo,oro,diamantes,uranio,cobre
ResponderEliminary tierras raras entre otras.Asi está Africa y por ello tanto ahogado en nuestras playas.Como así mismo tantas desigualdades económicas y tanta hambrunas en el planeta,millones de enfermos que no pueden costearse una vacuna o un antibiótico.
Si nuestros impuestos se dedicaran a sanidad,educación y solidaridad entre países en vez de defensa para estas élites,el planeta no tendría ningún problema y la vida sería maravillosa.
Gracias por tu magnífico artículo Nazannin.